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El semáforo de insolvencia

Tras la declaración por la OMS de la pandemia internacional provocada por el COVID-19 la rápida propagación a nivel internacional ha motivado la necesidad de reaccionar adoptando multitud de medidas urgentes y contundentes con el objetivo de amortiguar el impacto de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes.

En este contexto el Consejo General de Economistas de España (CGE) ha reclamado una reforma de la legislación concursal en sintonía con la Directiva europea de Insolvencia (que los Estados de la UE tienen la obligación de transponer antes del agosto 17 de julio de 2021) que ofrezca herramientas eficientes para la supervivencia de empresas viables.

Su objetivo es evitar que las empresas lleguen demasiado tarde al concurso, previniendo situaciones de insolvencia irreversible.

Según el artículo 3 de dicha Directiva los Estados miembros deben velar para que “el deudor tenga acceso a una o más herramientas de alerta temprana claras y transparentes que permitan detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inminente y que puedan advertirle de la necesidad de actuar sin demora”.

La propuesta del CGE consiste en un software desarrollado por el propio Consejo que consta de dos tipos de test.

Por un lado, un “Test de solvencia no certificado por profesional”, consistente en un desarrollo informático (hoy experimental) que recoja información de la contabilidad de la empresa, de su pasivo y de los mecanismos ya existentes de alerta temprana (certificados de deuda pública y CIRBE). Se trataría de una especie de auto-diagnóstico.

Por otro lado, un “Test de solvencia certificado por profesional”, cuyo resultado tendría efectos para terceros, con validez determinada (3 meses) desde la emisión del certificado.

Los resultados del test se ofrecen con los colores del semáforo. Las consecuencias jurídico-económicas atribuidas a cada color son las siguientes: el verde es símbolo de confianza en la solvencia financiera; el naranja significa que hay que buscar mecanismos de reestructuración (en general, figuras pre-concursales); y el rojo implica situación de insolvencia actual o inminente, con las consiguientes implicaciones legales.

La herramienta propuesta incorpora también un cuadro de mandos que mide y ofrece información relevante sobre otros aspectos diferentes de la economía de la empresa.

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